Hay momentos en que uno lee una propuesta política y se pregunta sinceramente si se ha ignorado por completo la realidad. La reciente iniciativa para prohibir las alternativas más seguras a la nicotina en Filipinas es uno de esos momentos.

En el excelente análisis de Clive Bates, Él analiza con precisión y, francamente, con una paciencia que no merecen los razonamientos que hay detrás de estas propuestas. 

A primera vista, los argumentos suenan muy familiares y parecen la misma vieja historia: prohibir los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y otros productos no combustibles para "proteger la salud pública". Pero si se analiza con más detenimiento, la lógica empieza a desmoronarse.

Prohibir la solución, proteger el problema.

Filipinas todavía enfrenta un problema masivo de tabaquismo. Alrededor de 351 TP4T de hombres y 4,41 TP4T de mujeres fuman (datos de la OMS), con millones de personas aún expuestas a los daños de la combustión, y esa es la verdadera crisis de salud pública aquí. Casi un tercio de la población fuma, pero en lugar de centrarse en reducir este problema, algunos grupos están presionando para eliminar los productos que podrían ofrecer a esas personas una solución. 

No los cigarrillos. No los productos más dañinos. Las alternativas.

Es difícil imaginar una contradicción más evidente. Contamos con numerosas pruebas en todo el mundo que demuestran que, al eliminar las opciones de menor riesgo, no se elimina la demanda de nicotina. Simplemente se empuja a las personas de vuelta al tabaquismo (lo que perpetúa el problema que intentan combatir) o al mercado ilícito, con productos que no pasan por controles de calidad y que podrían poner sus vidas en grave peligro.

Y todavía se atreven a llamarlo “medida de salud pública”.

La fantasía de la prohibición

Uno de los puntos más llamativos del artículo de Bates es la ligereza con la que se presenta la prohibición como solución. La ’prohibición integral“ (como la denominan) se centra selectivamente en los productos más seguros, mientras que los más peligrosos siguen estando ampliamente disponibles. Y lo que es peor, las justificaciones no resisten un análisis básico. 

Las prohibiciones no aportan claridad; crean mercados negros. No reducen la demanda; desvían la oferta hacia canales no regulados. No simplifican la aplicación de la ley; la vuelven más caótica, costosa y vulnerable a la corrupción.

Y si piensan que prohibir productos que la gente quiere usar activamente reducirá de alguna manera el comercio ilícito, están negando deliberadamente los principios económicos básicos de cómo funcionan los mercados (Bueno… los gobiernos son gobiernos.).

Además, en el fondo de este debate subyace algo sorprendentemente simple: la gente consume nicotina porque quiere. Ya sea por estimulación, estado de ánimo, hábito o razones sociales, esa demanda no va a desaparecer. Como señala Bates, no se puede erradicar por completo, solo se puede influir en cómo se satisface. La salud pública puede optar por canalizarla hacia productos de menor riesgo o bien, por recurrir al tabaco y al suministro ilícito. Esas son las opciones reales. Todo lo demás es teoría desvinculada de la realidad e ignora aspectos del comportamiento humano.

El efecto Bloomberg

Como ya sabemos (muy bien), por todas partes se va a Roma. Los argumentos que se utilizan en Filipinas reflejan una estrategia global más amplia, respaldada por redes financiadas por Bloomberg, que promueven enfoques prohibicionistas en países de ingresos bajos y medios. Si bien a menudo se presentan como iniciativas ciudadanas de salud pública, en realidad reflejan una agenda centralizada y bien financiada que deja poco margen para los matices, el contexto local o la reducción de daños. El resultado es una especie de modelo de exportación de políticas: ideas simples y rígidas aplicadas a realidades complejas (sin importar las consecuencias).

Si el objetivo es realmente reducir las enfermedades, el sufrimiento y la muerte causados por el tabaquismo, la estrategia debería ser obvia: ayudar a las personas a abandonar la combustión lo antes posible. Esto implica reconocer el papel de las alternativas más seguras a la nicotina, regularlas y utilizar impuestos, normas e información para orientar el comportamiento.

El verdadero coste de equivocarse

Lo que hace que este debate sea tan frustrante es lo evitable que resulta el error. La evidencia, la dinámica del mercado y el comportamiento humano básico apuntan en la misma dirección. Sin embargo, las políticas siguen estando condicionadas por la ideología en lugar de por los resultados. Fingir que la dependencia de la nicotina simplemente desaparecerá es ineficaz, ajeno a la realidad y sumamente peligroso.

En un país donde millones de personas aún fuman, el costo de esta desconexión no será teórico. Se medirá en vidas. Las familias seguirán llorando la muerte de sus seres queridos a causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, que podrían haberse evitado fácilmente si el gobierno hubiera abordado el problema de la manera correcta.

Nada cambiará realmente hasta que la reducción de daños sea tratada como lo que es: un derecho humano fundamental.