El Gobierno de México ha caído en el grave error de prohibir el vapeo, con enormes consecuencias para la salud pública.

La semana pasada, sólo un día después de la celebración del Día Mundial del Vapeo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto mediante el que prohíbe la circulación y comercialización de cigarrillos electrónicos. La decisión, carente de base científica, tendrá un impacto muy negativo sobre los vapeadores y sobre los negocios mexicanos.

Según diversas fuentes, hasta 16 millones de mexicanos fuman tabaco, suponiendo en torno al 18% de la población del país entre 12 y 65 años. Las estimaciones apuntan a en torno a 65.000 muertes relacionadas con el tabaquismo cada año. El potencial para mejorar la salud de los mexicanos de herramientas de reducción de daños como el vapeo es, por tanto, enorme. Más de 3 millones de fumadores mexicanos podrían pasarse al vapeo y salvar sus vidas en el futuro cercano de aplicarse una regulación inteligente como la existente en el Reino Unido. Sin embargo, el gobierno mexicano ha decidido ir contra la salud pública y contra toda la evidencia científica disponible. 

En primer lugar, está claro que la decisión parte de una premisa falsa: la de que vapear es tan dañino como fumar. Unos días antes de la aprobación del decreto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró una alerta sanitaria máxima por los riesgos para la salud que representan los productos alternativos al tabaco. Esto está fuera de toda lógica, ya que está ampliamente demostrado que el vapeo es mucho menos dañino que el tabaco, un 95% según Public Health England, y se recomienda como método para dejar de fumar en países como el Reino Unido o Francia. A diferencia de los cigarrillos, que generan más de 7 mil sustancias químicas en la combustión -de las cuales 69 son potenciales carcinógenos- los líquidos de vapeo están compuestos por ingredientes alimentarios prácticamente inocuos y su riesgo de causar cáncer es tan sólo un 0,4% del del tabaco.

En segundo lugar, las razones que el gobierno utiliza para justificar esta prohibición son erróneas. La senadora Lilia Valdez, por ejemplo, aseguró que los vapeadores y sus líquidos con sabores se utilizan para “enganchar a niños y adolescentes que después serán consumidores de otras drogas”. Un despropósito, dado que los cigarrillos electrónicos son un producto dirigido a los consumidores de tabaco para ayudarles a dejar de fumar, no una puerta de entrada al tabaquismo u otras drogas y, además, la prohibición del vapeo y de los sabores no hace que su consumo disminuya entre los menores. Sería más inteligente establecer medidas contundentes que impidieran la venta de dispositivos a menores mientras protegen a los vapeadores adultos.

Por último, la prohibición de la comercialización de vapeadores, a la vez que se permite su uso, impulsará a miles de consumidores al mercado negro o de vuelta al tabaco. Esto incrementará la inseguridad de los productos y los vapeadores mexicanos se verán obligados a comprarlos a un precio más elevado y sin conocer su verdadera calidad y prestaciones, originando mayores problemas de salud pública. Los menores podrán comprar más fácilmente los productos en el mercado ilícito y, los adultos que no puedan hacerlo -o no se atrevan a violar el decreto- tendrán que volver a fumar.

Por todo lo anterior, nos posicionamos en contra del decreto del gobierno mexicano y pedimos su derogación y el desarrollo de una regulación sensata y basada en la evidencia que permita a los fumadores adultos pasarse a alternativas más seguras.