Al comenzar 2026, se está produciendo un cambio discreto en África. Los fumadores adultos están modificando su forma de consumir nicotina, pero las políticas aún no se han adaptado.

De Nairobi a Johannesburgo y de Lagos a Accra, las alternativas a la nicotina sin humo, en particular los productos orales de nicotina y los vapeadores, son cada vez más visibles en los mercados informales, los espacios en línea y el comercio transfronterizo. Esta transición no está impulsada por campañas publicitarias ni por la presión de la industria. Está impulsada principalmente por el consumidor, condicionada por el aumento de los precios de los cigarrillos, la expansión de los entornos libres de humo y la creciente concienciación sobre los riesgos del tabaco para la salud.

Sin embargo, aunque el comportamiento del consumidor evoluciona, la política de control del tabaco en gran parte de África sigue anclada en un marco que limita exclusivamente a los cigarrillos.

Leyes diseñadas para una época diferente

La mayoría de las leyes africanas sobre el tabaco se redactaron hace más de una década, cuando los cigarrillos dominaban el consumo de nicotina y las alternativas no combustibles apenas figuraban en los debates políticos. El enfoque regulatorio era claro: reducir la prevalencia del tabaquismo mediante la prohibición de la publicidad, las restricciones al uso público y los impuestos especiales.

En 2026, esas mismas leyes se ampliarán para cubrir productos que nunca fueron diseñadas para regular.

Los productos orales de nicotina suelen clasificarse como tabaco por defecto, se tratan de forma idéntica a los cigarrillos o se mantienen en zonas grises legales. En algunos países, están prácticamente prohibidos; no por evidencia clara de su daño, sino porque la legislación no los clasifica en absoluto.

Este retraso regulatorio ya no es un problema técnico. Está configurando los mercados, los desafíos de cumplimiento normativo y los resultados de salud pública en todo el continente.

Los consumidores se adelantan a la regulación

A pesar de la incertidumbre legal, los consumidores adultos ya están haciendo la transición. Los productos orales de nicotina son discretos, libres de humo y compatibles con las normas cada vez más estrictas para fumar en público. Para muchos usuarios, representan una adaptación práctica más que una declaración política.

Sin embargo, como la regulación no ha evolucionado, este cambio está ocurriendo en gran medida fuera de los sistemas formales.

Los productos entran al mercado sin etiquetado estandarizado, divulgación de ingredientes ni controles de calidad. Los gobiernos recopilan poca información, no aplican normas uniformes sobre la edad de venta y no obtienen ingresos fiscales de productos que ya se utilizan ampliamente. La supervisión se pierde no porque la regulación sea deficiente, sino porque no existe.

El resultado es una creciente desconexión entre cómo se consume la nicotina en la práctica y cómo se regula en la ley.

Por qué esto es importante en cifras

Lo que está en juego no es abstracto. El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte en África, contribuyendo a cientos de miles de muertes al año y ejerciendo una presión a largo plazo sobre unos sistemas de salud ya de por sí sobrecargados. Al mismo tiempo, se estima que el comercio ilícito de tabaco representa entre el 15 % y el 25 % del consumo de cigarrillos en varios mercados africanos, privando a los gobiernos de importantes ingresos fiscales y socavando las medidas de control. En los lugares donde se prohíben o no se regulan nuevos productos de nicotina, ya están surgiendo patrones similares: cadenas de suministro informales, cero estándares de producto y ausencia de controles de edad. Para los responsables políticos, esto representa un fracaso político familiar y costoso, que se repite en una nueva categoría.

Otras regiones se han enfrentado a desafíos similares y han tomado decisiones diferentes. En algunas partes de Europa, los reguladores reconocieron que los productos de nicotina no combustibles requerían un tratamiento regulatorio específico. En lugar de prohibiciones generales, introdujeron estándares de producto, restricciones de edad, controles de comercialización y enfoques fiscales diferenciados. 

El objetivo no era la desregulación, sino la proporcionalidad, regulando los productos según el riesgo y manteniendo la supervisión. África no necesita replicar estos modelos a gran escala. Pero ignorar por completo el principio de diferenciación de riesgos conlleva el riesgo de repetir errores ya documentados.

El consumo entre los jóvenes se cita a menudo como la principal justificación para restringir o prohibir los productos orales de nicotina. Proteger a los jóvenes es una prioridad política legítima. Sin embargo, combinar la reducción de daños en adultos con la prevención en jóvenes socava ambos objetivos.

La experiencia demuestra que la protección de la juventud es más sólida cuando los mercados están regulados, no en la clandestinidad. La verificación de edad, las licencias para comercios minoristas, las sanciones por incumplimiento y las restricciones al marketing dirigido a jóvenes dependen del reconocimiento legal del mercado.

En 2026, el debate ya no gira en torno a si los productos orales de nicotina llegarán a los consumidores africanos. Ya lo han hecho. La verdadera cuestión política es si estos productos existirán dentro o fuera de los marcos regulatorios.