La pasada semana, la congresista de la Alianza Verde de Colombia Carolina Giraldo presentó una iniciativa para incrementar el impuesto al tabaco dentro de la reforma tributaria que está por llevarse a cabo en el país. Desgraciadamente, la iniciativa, que se plantea como una fuente de recursos y “en pro del derecho fundamental a la salud”, incluye también el establecimiento de un impuesto a los vapeadores. Colombia se suma así a la larga lista de países que pretenden desincentivar el vapeo mediante impuestos más elevados.

Esta iniciativa está condenada a fracasar en los objetivos que se propone. Existe suficiente evidencia científica como para asegurar que establecer un impuesto al vapeo no sólo no obtendrá los objetivos propuestos, sino que será dañina y contraproducente.

En primer lugar, destaca la falta de un diálogo social amplio y honesto en cuanto a la protesta. Como denunció Asovape Colombia en sus redes sociales, la iniciativa nace ignorando los testimonios y la experiencia de los miles de usuarios y empresarios del país. La congresista Carolina Giraldo no consultó con ninguno de los colectivos afectados su propuesta, sino que la envió la directamente al ministro de Hacienda sin que fuera sometida a ningún tipo de debate público. El articulado de la iniciativa, según cuenta El Espectador, fue construido con la ayuda de instituciones que han seguido un discurso sesgado, anticientífico y hostil contra el vapeo desde hace años, como la Fundación Anáas o la Red PaPaz (ambas relacionadas con Michael Bloomberg). 

En segundo lugar, la propia congresista concibió su iniciativa como una fuente de generar recursos para el Estado, justificándose después asegurando que esta va en pro del derecho fundamental a la salud. Vapear se enmarca -o debería enmarcarse- dentro del derecho fundamental a la salud, pues es mucho menos dañino que fumar y un método muy efectivo para ayudar a millones de fumadores a dejar el tabaco, llevar vidas más saludables e incrementar su esperanza de vida. Desincentivar el vapeo mediante impuestos, que al encarecer los productos empujan a los vapeadores a volver a fumar e impiden a los fumadores pasarse al vapeo, es un auténtico atentado contra este derecho al cual alude la congresista. Además, los vapeadores no son una fuente de dinero a la que exprimir para obtener dinero para los intereses del Gobierno -como los ve la congresista-, son personas y su salud debe estar por encima de la necesidad de financiación del Estado.

Por último, es dudoso que incrementar los impuestos a los vapeadores vaya a incrementar los ingresos fiscales del Gobierno y a la vez contribuir a la mejora de la salud pública. Actualmente, los vapeadores pagan impuestos sobre el valor añadido de los productos que compran en las tiendas, y las tiendas pagan impuestos sobre los beneficios que generan. Con esta iniciativa, cabe esperar que los precios más altos en el mercado legal desplacen a parte de los consumidores al mercado informal, en el que no se pagan impuestos de ningún tipo (y donde los productos carecen de controles de seguridad y calidad).

Es imprescindible que las políticas se diseñen siempre teniendo en cuenta los intereses de los colectivos afectados, máxime cuando se trata de salud. Por ello, instamos a la congresista Carolina Giraldo y a todos los legisladores colombianos a ponerse en contacto con los colectivos de vapeadores y empresarios del vapeo para aprender más sobre esta herramienta de reducción de daños del tabaquismo y conseguir una legislación beneficiosa para toda la sociedad.