En lugar de tomar nota del éxito alcanzado por países como Suecia y el Reino Unido en la reducción de las tasas de tabaquismo al respaldar el uso de alternativas a la nicotina más seguras, los legisladores estadounidenses siguen empeñados en eliminar los productos de vapeo del mercado.

En agosto pasado, más de 30 fiscales generales (AG) estatales, territoriales y de Washington DC, escribió al Centro de Productos de Tabaco (CTP) de la FDA instando a la agencia a eliminar la mayoría de los productos de vapeo del mercado estadounidense.

Al presentar un reciente Plan para reducir a la mitad la tasa de mortalidad por cáncer, El presidente Joe Biden reveló que su administración invertirá entre 1 y 15 millones de dólares en programas para dejar de fumar, enfocados en productos de tabaco mentolados y saborizados. El director de la Asociación Mundial de Vapeadores (WVA), Michael Landl, afirmó que si Biden se toma en serio la erradicación del cáncer, debe adoptar la reducción de daños del tabaco (RDA).

Lamentablemente, tanto los fiscales generales como el presidente Biden parecen pasar por alto la efectividad de los vapeadores para dejar de fumar y la disminución significativa de las tasas de vapeo entre los jóvenes, sin abordar las razones subyacentes por las que los adolescentes estadounidenses recurren al vapeo. En lugar de insistir en regulaciones y prohibiciones estrictas, y depender únicamente de los organismos reguladores federales para la aplicación de las leyes vigentes, estos fiscales generales podrían instar a los legisladores estatales a asignar sus ingresos del tabaco a combatir el vapeo juvenil desde su origen.

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