El gobierno de Croacia ha llevado a cabo una “consulta pública”El artículo 6 del proyecto de reglamento sobre el impuesto especial a los productos del tabaco revela que los legisladores proponen un aumento desmesurado de 0,20 € por mililitro en los líquidos para cigarrillos electrónicos. Los defensores de la reducción de daños afirman que esta medida “aumentaría drásticamente los precios para los consumidores que utilizan el vapeo como una alternativa más segura al tabaco”.
La Alianza Mundial de Vapeadores y la asociación croata de vapeadores CHROM han condenado el contenido de la propuesta fiscal y el proceso apresurado que socava la participación democrática.
Afirman que fue muy preocupante que el período de consulta pública fuera extremadamente corto, de apenas siete días, lo que limitó gravemente la oportunidad para que los consumidores, los expertos en salud y las organizaciones de defensa de los derechos pudieran organizar una respuesta.
CHROM realizó una encuesta de vapeadores:
- La edad media de los encuestados fue de 44 años.
- El promedio de años fumando antes de pasarse a los vapeadores fue de 20 años.
- El 89,41% de los encuestados utiliza exclusivamente cigarrillos electrónicos.
- El 11,61% de los encuestados eran usuarios duales.
- 97% de los encuestados utilizan líquidos electrónicos para rellenar
- 86% usa sabores y bases caseras.
- 12% utiliza líquidos electrónicos prefabricados de 10 ml.
- 1.5% utiliza cigarrillos electrónicos desechables
- 0.4% utilizan tabaco calentado (IQOS, Glo, etc.)
- Si se implementara un impuesto, más del 801% de los encuestados afirmaron que evitarían el mercado nacional comprando en línea, comprando en el extranjero o utilizando el mercado negro.
- Casi uno de cada cinco encuestados afirmó que probablemente volverá a fumar cigarrillos.
Alberto Gómez Hernández, director de políticas de la Alianza Mundial de Vapeadores, declaró a Planet of the Vapes:’Este impuesto aumentará los precios, desalentará a los fumadores a pasarse al vapeo y, en última instancia, costará vidas. El gobierno no solo se equivoca al tratar a los vapeadores como una fuente de ingresos y priorizar la recaudación fiscal sobre la salud pública, sino que también niega a los ciudadanos una oportunidad justa para expresarse. Una consulta de siete días es inaceptable; restringe la participación ciudadana y ridiculiza el proceso democrático..”
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