Ciudad de Panamá, 13.04.2023. — El Gobierno panameño continúa su lucha contra los productos de administración de nicotina de riesgo reducido, negándose a escuchar a los usuarios panameños. En marzo, la Asociación Panameña para la Reducción de Daños del Tabaco, junto con usuarios civiles, presentó una... propuesta para la regulación de los sistemas electrónicos de suministro de nicotina con el fin de modificar la Ley 315 del 30 de junio de 2022, que impide a los más de 170 mil fumadores panameños cambiarse a una alternativa mucho más segura.

La propuesta fue rechazada por la Secretaría Técnica de Asuntos Económicos, que emitió un informe desfavorable. Según el informe, el Gobierno considera que Panamá debe continuar con la estrategia establecida por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y rechazar el uso de productos de riesgo reducido para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. El informe también justificó su decisión de rechazar la propuesta argumentando que se ajustan a la legislación de países como México y Argentina.

Michael Landl, director de la Alianza Mundial de Vapeadores, comentó:

“El Gobierno de Panamá continúa ignorando a los usuarios y a la ciencia. La reducción de daños del tabaco debería ser un elemento indispensable en la lucha contra el tabaquismo en Panamá. La ciencia ya ha demostrado que vapear es mucho menos dañino que fumar y es la terapia más eficaz para dejar el tabaco. Los miles de vapeadores panameños son prueba de ello. Panamá debería seguir el ejemplo de países que están logrando erradicar el tabaquismo, como el Reino Unido o Suecia, que está a punto de convertirse en el primer país libre de tabaco del mundo, en lugar de imitar el fracaso de Argentina y México.

La propuesta rechazada también buscaba garantizar el acceso de los usuarios a un mercado legal libre de contrabando. Actualmente, el mercado negro está cobrando importancia y se estima que el contrabando alcanza el 80% del comercio de cigarrillos de combustión y el 100% del comercio de dispositivos libres de humo, productos que carecen de autenticidad o verificación de calidad y que podrían poner en peligro la salud de quienes los usan.

El presidente de la Asociación Panameña para la Reducción de Daños del Tabaco, Tomás Sánchez, agregó:

“Desde la prohibición del año pasado, miles de usuarios de productos de riesgo reducido se han visto obligados a volver a fumar tabaco o a comprar sus productos ilegalmente en el mercado negro, donde no existen garantías de calidad ni seguridad. La prohibición ha sido un fracaso para la salud pública y el gobierno panameño debe corregir su postura lo antes posible para permitir que los fumadores tengan acceso a una alternativa. Su respuesta demuestra que no comprenden la reducción de daños del tabaco y no están dispuestos a escuchar a los usuarios, quienes son las principales víctimas de la prohibición.

Casi 1.000 personas mueren cada año en Panamá por enfermedades relacionadas con el tabaco. Se prevé que la prohibición del vapeo y otros productos de bajo riesgo aumente esta cifra, obligando a miles de vapeadores a volver al tabaco. El gobierno panameño debe escuchar a los usuarios y corregir urgentemente esta catástrofe de salud pública.