La COP10 se encuentra envuelta en una nueva polémica tras el escándalo que llevó a su aplazamiento en noviembre.

El primer incidente se produjo en febrero de 2023, cuando se presentaron acusaciones contra Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), quien fue acusada de un delito relacionado con la negativa, omisión o demora ilegal en el desempeño de funciones oficiales, con posibles penas de prisión o multas. Los orígenes se remontan a 2022, cuando la Asociación de Fumadores y Familias por un Panamá Libre de Humo denunció la venta de paquetes de cigarrillos sin las advertencias sanitarias requeridas, violando la normativa vigente. La falta de licitación pública en este caso generó inquietud sobre la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales.

La falta de licitación pública para el contrato del Centro de Convenciones de Panamá para la COP10

El último escrutinio se centra en el rol de Reina Roa como Coordinadora de la Comisión Nacional para el Control del Tabaco y figura clave en la lucha contra el tabaco en Panamá y Centroamérica. Recientes acusaciones públicas, presentadas por la Asociación de Fumadores y Familias por un Panamá Libre de Humo el 28 de diciembre de 2023, ponen de relieve la adjudicación no competitiva del contrato al Centro de Convenciones de Panamá (CCP) para la celebración de la COP10. Se alega que esta medida viola tanto las normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como el artículo 338 del Código Penal.

La controversia se centra en la falta de licitación pública para la COP10, que costará al gobierno 1 millón 500 mil millones. El aplazamiento de la conferencia, originalmente programada para noviembre de 2023, fue seguido por graves acusaciones que empañaron la imagen de Panamá en cuanto a integridad jurídica y sospechas de mala gestión financiera en la organización de la COP10.

Panamá lidia ahora con las consecuencias de estas acusaciones, lo que genera dudas sobre las prioridades del gasto público en medio de las necesidades del sistema de salud. La situación actual pone en peligro la reputación del país y genera inquietud sobre el uso responsable de los fondos públicos.