Mientras los gobiernos de toda África se esfuerzan por regular el cambiante panorama del consumo de nicotina, una amenaza apremiante se cierne sobre el horizonte: el auge del comercio ilícito de productos de vapeo. Si bien los legisladores suelen actuar con la intención de proteger la salud pública, especialmente a los jóvenes, de las incógnitas de los nuevos sistemas de administración de nicotina, las consecuencias imprevistas de unas regulaciones severas, desalineadas o mal aplicadas podrían abrir las puertas al mercado negro.

Irónicamente, al intentar controlar el vapeo, los legisladores africanos podrían, en cambio, ceder el mercado a contrabandistas, falsificadores y vendedores no regulados. Así es como ese riesgo se hace realidad.

Cuando un producto con gran demanda se prohíbe por completo sin ofrecer alternativas legales ni mecanismos de reducción de daños, no desaparece. Los consumidores, especialmente los fumadores que buscan alternativas, simplemente buscan en otra parte. En países como Uganda, Kenia y Etiopía, donde los vapeadores de nicotina están prohibidos o severamente restringidos, la evidencia ya muestra un aumento en el uso de productos ilícitos y no regulados.

La prohibición crea escasez, y la escasez impulsa los precios y las ganancias: condiciones perfectas para que los contrabandistas y las redes criminales prosperen.

Las políticas fiscales que tratan los productos de nicotina más seguros como los cigarrillos convencionales, o peor aún, los gravan aún más, no reconocen el continuo de riesgos de la administración de nicotina. Los vapeadores, si bien no están exentos de riesgos, son ampliamente reconocidos por instituciones como Public Health England como al menos 95% menos dañinos que los cigarrillos.

La sobreimposición expulsa del mercado a los vendedores legítimos y crea incentivos financieros para los comerciantes ilícitos, quienes no pagan impuestos y pueden vender a precios más bajos que los legales con facilidad. Los consumidores buscan la asequibilidad, no la legalidad.

Muchos países africanos aún carecen de regulaciones claras y con base científica para los productos de vapeo. En estos vacíos legales, ocurren dos cosas: las empresas legítimas se mantienen al margen para evitar incertidumbre y pérdidas futuras, y los proveedores ilegales cubren el vacío con importaciones no reguladas, a menudo de dudosa calidad.

Incluso cuando existen regulaciones, a menudo son el resultado de estrategias de copia y pega perezosas, en las que leyes extranjeras de control del tabaco, diseñadas para contextos sociales y económicos muy diferentes, se importan al por mayor, sin adaptarse a las realidades locales ni considerar los desafíos únicos de los mercados africanos.

Sin normas claras y relevantes a nivel local, las autoridades no pueden hacer cumplir las normas y los consumidores no pueden distinguir entre productos seguros y peligrosos. Las visitas de supervisión parlamentaria a países con regulaciones proactivas y favorables al vapeo, como el Reino Unido y Nueva Zelanda, pueden contribuir a la formulación de políticas en África y orientar a los legisladores hacia marcos normativos equilibrados.

En un continente donde las enfermedades relacionadas con el tabaco matan a cientos de miles de personas al año, negar alternativas más seguras o permitir que la delincuencia controle su suministro sería un fracaso trágico. Los responsables políticos deben elegir: ¿configurarán el mercado para el bien común o lo entregarán al mercado negro?

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