Caracas, 04.08.2023. El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela emitió una resolución mediante la cua se prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercialización, importación, exportación, uso, consumo, publicidad, promoción, y patrocinio de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Electrónicos Similares Sin Nicotina (SSSN), consumibles, depósitos o cartuchos, envases de consumibles de recarga y demás accesorios, Productos de Tabaco Calentado Convencionales (PTC Convencionales y Herbales) y productos análogos.

La decisión llega dos meses después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro pidiera al equipo médico y científico de su gobierno considerar la prohibición. De acuerdo con el Ministerio de Salud, “la medida se toma respondiendo a las alertas promovidas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Alberto Gómez, Community Manager para España e Hispanoamérica de la World Vapers' Alliance, comentaba:

“La prohibición de los productos de daño reducido en Venezuela supone un retroceso para la salud pública. Miles de venezolanos ya habían dejado el tabaco tradicional gracias al vapeo y habían conseguido mejorar su salud. Ahora van a tener dificultades para acceder a los productos y será más difícil que más fumadores se cambien a alternativas menos dañinas. Venezuela debería seguir el ejemplo de países como Suecia o el Reino Unido, que están en vías de erradicar el tabaquismo, y no el enfoque sesgado y paternalista de la OMS”.

Sobre las posibles consecuencias de la prohibición, Alberto Gómez comentaba:

“La prohibición siempre fracasa y trae consecuencias indeseadas. Los usuarios recurrirán al mercado negro o volverán a fumar, mientras que los fumadores no podrán cambiarse. La salud pública empeorará y el tabaquismo supondrá un mayor gasto para el sistema de salud. Además, en el mercado negro no se controla la venta a menores, los productos no pasan controles de seguridad ni de calidad y no pagan impuestos. La prohibición no soluciona nada”.

“Más de 15.000 personas mueren cada año en Venezuela por enfermedades relacionadas con el tabaco. Promover el uso de alternativas menos nocivas tiene el potencial de salvar miles de vidas y mejorar la salud pública. El Gobierno venezolano tiene la obligación de escuchar a quienes han podido dejar de fumar y mejorar su salud gracias a los productos alternativos de administración de nicotina y establecer una regulación basada en el riesgo", concluyó Gómez.