Los vapeadores colombianos, liderados por la asociación Asovape Colombia y otras organizaciones que han aportado su visión del vapeo a las discusiones públicas, han conseguido paralizar el establecimiento de un impuesto al vapeo en la reforma tributaria. La propuesta de la miembro de la Cámara de Representantes Carolina Giraldo, que pretendía imponer un gravamen adicional del 150% a los cigarrillos electrónicos, finalmente no ha sido incluida en la reforma fiscal del Gobierno de Gustavo Petro.

La iniciativa de establecer un nuevo gravamen a los productos de daño reducido del tabaco se planteó como una fuente de recursos para el gobierno, pero también como una manera de mejorar la salud pública y reducir el consumo de estos productos por parte de los menores de edad. Sin embargo, como explica Asovape Colombia, la medida sería contraproducente.

Es altamente probable que el consumo por parte de menores de edad no disminuyera significativamente, mientras que el impuesto estimularía la compra de estos mismos productos en el mercado negro, donde no existen garantías de calidad ni seguridad y donde no se pagan impuestos. El carácter expropiatorio del impuesto forzaría a los empresarios del vapeo colombianos a cerrar sus comercios y, como explicaba el director de Asovape Colombia Francisco Ordóñez, “dejaría la comercialización de cigarrillos electrónicos en manos de la ilegalidad que nadie controla y no está preocupada por pagar impuestos o impedir que los niños, niñas y adolescentes accedan a estos productos”.

La evidencia empírica sobre los efectos de estos impuestos en el consumo de cigarrillos electrónicos y en la salud pública es clara: el encarecimiento de los productos empuja a los vapeadores a volver a fumar e impide a los fumadores pasarse al vapeo. Por ello, la decisión final de haber excluido el impuesto al vapeo de la reforma tributaria es una victoria para la salud pública y para los usuarios colombianos. Las iniciativas para evitar el consumo por parte de menores no fumadores deben buscar limitar la venta a menores sin limitar la disponibilidad de los productos para los adultos. Establecer sanciones para los comercios que vendan cigarrillos electrónicos a menores de edad y destinar más recursos a la vigilancia y al cumplimiento de esta limitación, es la solución. 

Tras esta victoria, el siguiente paso para Colombia es conseguir una regulación diferenciada para el vapeo, algo en lo que desde Asovape Colombia ya trabajan. Si los políticos colombianos escuchan a los vapeadores y a la ciencia, Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo en la reducción de daños del tabaquismo. ¡Sigamos luchando!